El encauzamiento del barranco fue aprobado en 2010 con un presupuesto de 240 millones, pero nunca se ejecutó», lamenta el Ejecutivo valenciano.
La Generalitat Valenciana cargó este lunes contra el Gobierno de España tras conocer el testimonio de Javier Machi, ofrecido por EL ESPAÑOL. Se trata del exdirector valenciano de Typsa, empresa que redactó el proyecto para encauzar el barranco del Poyo, una actuación jamás materializada.
«La inacción del Gobierno tuvo un impacto devastador», aseveraron fuentes de la administración autonómica en declaraciones a este periódico. El desbordamiento del barranco provocó el grueso de las 224 muertes de la dana en Valencia.
La administración autonómica se pronunció en estos términos tras conocer el relato del experto, que es en la actualidad el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat Valenciana.
«La obra estaba aprobada. Lo teníamos ganado por 240 millones de euros. Ahí entraban las siete obras que teníamos previstas para la rambla del Poyo y su entorno. Pero el Gobierno nunca puso el dinero», lamentó.
Según Machi, «el agua sí habría rebosado con los 3.500 metros cúbicos por segundo que se calculan que llegó a llevar el barranco». «Pero apenas habría tenido impacto en los núcleos urbanos. Habría inundado, sobre todo, zonas rurales», aseguró.
Confesó sentirse «frustrado, como todos los ingenieros». «No hace falta haber trabajado en Typsa para sentir esa frustración», manifestó.
A su juicio, contar con esta actuación realizada habría evitado el grueso de las muertes en las poblaciones. «Desde luego. Habría sido una inundación mucho menor, con menor velocidad del agua y menor impacto en las zonas urbanas«, consideró.
El proyecto fue presentado en 2010 y contó con la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental favorable en 2011. Pero ni el gobierno popular de Mariano Rajoy, inmerso entonces en la crisis económica, ni el socialista de Pedro Sánchez tras la moción de censura de 2018, dotaron de presupuesto la actuación.
«Responsabilidad del Miteco»
Tras conocer el relato de Javier Machi, la Generalitat manifestó que «es clara la inacción pese a los proyectos aprobados».
«El encauzamiento del barranco del Poyo fue aprobado en 2010 con un presupuesto de 240 millones de euros, pero nunca se ejecutó. Esto pone en evidencia una falta de compromiso con la seguridad hídrica de la Comunitat Valenciana», indicaron las fuentes consultadas.
Para el Gobierno de Carlos Mazón (PP) existe «una clara responsabilidad política». «Tal como señala el ingeniero Javier Machi, la responsabilidad recae directamente en el Ministerio para la Transición Ecológica y otros ministerios que, a lo largo de los años, no priorizaron esta infraestructura crucial. La falta de acción ha contribuido al impacto devastador de la dana de 2024«, destacaron.
«El Ministerio ha priorizado únicamente las infraestructuras verdes, dejando de lado obras esenciales de canalización, lo que amplificó el desastre. Se demuestra que esta estrategia incompleta pone en peligro vidas y propiedades», consideraron.
«Enfoque equilibrado»
Frente a la estrategia descrita, las fuentes consultadas de la Generalitat Valenciana subrayan su apuesta «por un enfoque equilibrado que incluya tanto la sostenibilidad medioambiental como la seguridad hídrica«.
«Exigimos que el Gobierno cumpla de inmediato con la financiación de proyectos como el del barranco del Poyo«, trasladaron, y recalcaron que, en estos momentos, tiene «prioridad la reconstrucción».
«Hemos paralizado la construcción en zonas inundadas hasta que el Gobierno central garantice actuaciones de encauzamiento. Esta decisión demuestra el compromiso del Consell con soluciones reales y responsables» indicaron
El Ejecutivo valenciano también procederá a la «revisión de leyes obsoletas». «La Ley de la Huerta, impulsada por el Gobierno de Ximo Puig, bloqueó actuaciones fundamentales para prevenir inundaciones», indicaron, en línea con lo también afirmado por Machi sobre la mencionada norma autonómica.
«El Consell ya trabaja en la modificación de esta ley para garantizar que la normativa no sea un obstáculo para la seguridad de los valencianos«, avanzaron.